Los objetivos del proyecto, leídos veinte años después

Los proyectos museográficos suelen publicar una declaración de objetivos que, leída años más tarde, funciona como un documento histórico por derecho propio: muestra qué se consideraba deseable, qué se consideraba posible y qué preocupaciones tenía la institución en ese momento. La declaración que acompañó a este proyecto es un buen ejemplo, y merece leerse con atención antes de juzgarla.

Los objetivos generales declarados

El proyecto se fijó tres objetivos amplios. El primero era proporcionar referentes materiales desde la historia institucional y desde la historia social del Perú que permitieran conformar una personalidad y una cultura institucional. El segundo, posicionar positivamente la imagen del instituto ante el público externo, mediante un espacio de comunicación que hiciera más consciente la importancia de la función policial. El tercero, aportar al desarrollo social del país a través de la investigación científica social, la gestión cultural y servicios de información especializada.

El segundo objetivo es el más franco y también el más discutible. Un museo concebido explícitamente para mejorar la imagen de la institución que lo financia parte de un conflicto de interés declarado. No es un defecto exclusivo de este caso —los museos militares, corporativos y eclesiásticos comparten la misma tensión—, pero condiciona la lectura de todo lo demás. Cuando en el capítulo sobre la reforma de 1919 el relato original elogia una modernización emprendida bajo un gobierno autoritario sin detenerse en esa contradicción, se está viendo ese objetivo en funcionamiento.

Los objetivos específicos

Los objetivos concretos eran cuatro y describen, en conjunto, algo bastante más ambicioso que una sala de exposición:

• Crear un museo como canal abierto de comunicación que informara no solo de los servicios prestados, sino de la historia, la filosofía y la cultura institucional.
• Constituir una entidad especializada en investigación sociohistórica sobre el tema policial, con una biblioteca especializada y un centro documental abiertos a la comunidad académica.
• Gestionar la catalogación y conservación de los bienes patrimoniales muebles e inmuebles de carácter histórico de la institución, y apoyar acciones equivalentes sobre el patrimonio cultural de la nación.
• Aportar al desarrollo local y nacional mediante un centro cultural abierto al barrio.

El segundo de estos objetivos es, desde el punto de vista de la investigación histórica, el más valioso. Un archivo policial ordenado y consultable es una fuente de primer orden para estudiar delito, ciudad, migración interna, protesta social y administración pública. Buena parte de la historia social peruana del siglo XIX y XX se ha escrito sin acceso sistemático a ese tipo de fondos.

Qué se cumplió

El balance, veinte años después, es desigual. El componente que sí se ejecutó fue el divulgativo: la serie de trece capítulos de historia policial que este archivo reconstruye existió, se publicó y fue citada por terceros —blogs de museología, guías de Lima, referencias internacionales—. Ese material sobrevivió a su propio sitio, que es más de lo que consigue la mayoría de los proyectos de difusión.

El componente arquitectónico, en cambio, avanzó poco: la casona asignada seguía necesitando una intervención integral cuando el sitio dejó de actualizarse, según se describe en la página del inmueble. Y el centro documental abierto a investigadores no llegó a tener presencia pública comprobable en línea.

Qué enseña el caso

La lección es conocida en gestión cultural y no es privativa del Perú: los proyectos de museo institucional tienden a subestimar el costo de la conservación del continente —el edificio, el clima, la seguridad, el personal— frente al costo del contenido. Producir trece capítulos de texto es barato; rehabilitar mil doscientos metros cuadrados de ladrillo y madera con daño por humedad e insectos, no.

Las recomendaciones del Consejo Internacional de Museos insisten precisamente en ese punto: la planificación de un museo empieza por el compromiso presupuestal sostenido de conservación, no por el guion de la exposición. Para el marco normativo peruano sobre bienes culturales inmuebles, el referente es el Ministerio de Cultura.

Los criterios con los que este archivo reescribe aquel material, incluida la decisión de no reproducir su registro celebratorio, se explican en el aviso legal.