La reforma policial de Leguía

El Estado necesitaba presencia y efectividad para mantener el orden y proporcionar seguridad, y la respuesta fue una nueva reforma policial. Esta vez se trataba de una institución mejor organizada, de mayor cobertura y profesionalizada, en un momento en que el campo policial ya requería conocimientos especializados acordes a los adelantos científicos de la época.

Una reforma con firma incómoda

La reforma llevó la firma de Augusto B. Leguía (1919-1930), figura controvertida surgida de las canteras políticas de la llamada República Aristocrática. Su gobierno se propuso fortalecer el Estado mediante el ejercicio autoritario del poder, con el progreso económico como norte político y una visión particular de la modernidad.

Ese origen plantea una tensión que el relato institucional tradicional suele resolver demasiado rápido, y conviene dejarla planteada: las reformas modernizadoras más duraderas del aparato policial peruano se emprendieron bajo un gobierno que gobernó once años restringiendo libertades políticas. Ambos hechos son ciertos a la vez. Una policía técnicamente mejor no es, por sí misma, una policía al servicio de un orden más libre; la calidad profesional de una institución y el uso político que se hace de ella son cosas distintas y deben juzgarse por separado.

El decreto de 1919

Por decreto ley n.º 11633 del 7 de agosto de 1919 se dio inicio a una nueva etapa en la evolución institucional de la policía peruana. Las reformas contemplaban:

• el mandato de establecer una Escuela de Policía;
• la creación del Cuerpo de Investigaciones;
• la conformación de un nuevo Cuerpo de Guardia Civil;
• la creación de un Cuerpo de Seguridad;
• la formación del Regimiento Guardia Republicana sobre la base del Batallón de Gendarmes n.º 1 de Lima.

Conviene detenerse en la estructura resultante, porque explica el siglo siguiente. La reforma no creó una policía: creó varias, cada una con una misión distinta —orden público, investigación criminal, seguridad del Estado— y con su propia identidad. Esa arquitectura resolvía el problema de la especialización y sembraba el de la duplicidad, que tardaría casi setenta años en resolverse.

La escuela y la misión española

La idea inicial de «establecer una Escuela de Policía» como base para la reorganización técnica y científica se concretó al suscribirse en Madrid, el 1 de octubre de 1921, un acuerdo diplomático por el que se contrataban los servicios de una misión de la Guardia Civil española, a cargo del teniente coronel Pedro Pueyo España.

La contratación de misiones extranjeras era práctica corriente en la América Latina de la época —había misiones militares francesas, italianas y alemanas repartidas por el continente— y respondía a una lógica clara: importar un modelo institucional completo, con su doctrina, su plan de estudios y sus instructores, resultaba más rápido que construirlo. También significaba importar sus limitaciones, entre ellas una concepción de la policía marcadamente militarizada, que es precisamente el rasgo que las reformas peruanas venían intentando corregir desde 1873.

Aun así, el efecto principal fue duradero y positivo en un aspecto concreto: por primera vez el ingreso al servicio policial pasó por una formación reglada. Antes se entraba por recomendación política; a partir de aquí, por una escuela.

Resultados atribuidos

Los nuevos cuerpos iniciaron pronto su trabajo, y el relato institucional les atribuye un conjunto de logros: profesionalismo y disciplina, erradicación del bandolerismo que aún pervivía, contención de los efectos disociadores de las fuerzas políticas de entonces, incorporación de criterios científicos y técnicos a la investigación criminal, custodia de la propiedad estatal y afirmación de la presencia estatal en las fronteras.

De esa lista, la parte mejor sustentada es la investigación criminal. La creación de un cuerpo dedicado a investigar técnica y científicamente los delitos es un cambio de naturaleza, no de grado: introduce la idea de prueba material en un sistema que hasta entonces se apoyaba casi exclusivamente en la confesión y el testimonio. La colección de criminalística conservada por la institución, recogida en la guía de museos, documenta esa línea de trabajo.

La parte más discutible es la referida a la «contención de los efectos disociadores de las fuerzas políticas». Esa fórmula describe, en la práctica, la represión de la oposición durante un gobierno autoritario, y presentarla como un logro profesional es exactamente el tipo de operación de imagen que se comenta en la página de objetivos.

Lo que sobrevivió al régimen

El carácter dictatorial del régimen leguiísta no impidió que las nuevas instituciones policiales conservaran un sentido profesional propio, y de hecho sobrevivieron al colapso de aquel gobierno en 1930, superando las veleidades políticas del momento. Por encima de cualquier desviación faccional, la población reconocía la importancia y la necesidad de los servicios prestados.

Esa supervivencia es el mejor indicador de que la reforma fue estructural y no cosmética: las instituciones que nacen de un gobierno personalista suelen caer con él. Estas no cayeron, y su desarrollo posterior —diferenciación, rivalidad y finalmente unificación— es el asunto del último capítulo de la serie.