El orden de la Segunda República

Pactada la paz al precio de la mutilación territorial, el país entró en un periodo de reconstrucción que condicionó todo lo demás. El general Miguel Iglesias (1882-1885) incrementó las fuerzas policiales y creó en 1884 un escuadrón de caballería para la policía rural, en un momento en que el rechazo a su posición avivaba el descontento y surgían montoneras «caceristas» que tenían en zozobra los alrededores de la capital. Una vez más la guerra civil se enseñoreó del panorama nacional.

Balance del siglo XIX

El siglo XIX terminaba tan violentamente como había comenzado. En él, la Guardia Nacional, la gendarmería y la Guardia Civil fueron las instituciones que asumieron la tarea de preservar el orden y dar seguridad a los ciudadanos.

Hubo un esfuerzo legal notable por dotarlas de mecanismos jurídicos que las convirtieran en agentes eficientes del Estado, pero no llegaron a profesionalizarse en la medida que el campo policial requería. El clientelismo político convirtió a la policía decimonónica en fuente laboral para los militantes del gobernante de turno, que disponía de ella junto con el resto de la administración pública como botín para sus correligionarios. Sumado a su organización de corte castrense, ello tampoco ayudó a mejorar su eficacia.

La injerencia de los caudillos militares y civiles pervirtió en ocasiones su función al envolverla en las luchas de poder. Es un diagnóstico que conviene retener porque explica el fracaso repetido de las reformas: no fallaba el diseño normativo, que era razonable, sino que el personal se renovaba con cada cambio de gobierno.

Lo que sí se logró

Fuera de las coyunturas, sus miembros calaron profunda y necesariamente en la vida cotidiana del poblador peruano, urbano o rural. Su trabajo contribuyó a los logros sociales de un siglo agitado al proporcionar, pese a circunstancias adversas, la tranquilidad necesaria para que el país iniciara su desarrollo; y una vez pasada la tormenta de la guerra, ayudó a asegurar el clima propicio para la reconstrucción nacional.

Más allá de las veleidades políticas y de la inestabilidad institucional, su trajinar cotidiano ayudó a echar los cimientos de la república y llevó la presencia del Estado a todo el territorio. Pese a limitaciones y contradicciones, contribuyó a difundir una idea que no era evidente entonces: que vivir en orden y legalidad era necesario y que la seguridad era un derecho impostergable del colectivo nacional. Proporcionó también la idea integradora de que se pertenecía a una nación y de que se era —o se podía ser— ciudadano de ella.

Esta última observación merece subrayarse. En un país donde el Estado apenas llegaba a buena parte del territorio, el policía rural era con frecuencia el único funcionario que un poblador veía en su vida. La presencia del Estado se construyó, en la práctica, a través de esa figura.

Los primeros manuales del siglo XX

El siglo XX trajo signos de recuperación. Pasada la lucha se dio inicio a la reconstrucción nacional, periodo en que el colapsado Estado peruano debió recuperar, en medio de una crisis severa, su capacidad para gobernar efectivamente el país.

La cuestión policial era más que necesaria: el orden y la seguridad eran factores indispensables para hacer posible el esfuerzo de salir adelante. Con esa perspectiva se emitieron el «Manual para la Policía» de 1902 y el «Manual de Policía de Seguridad» de 1913.

El paso del reglamento al manual no es solo terminológico. Un reglamento organiza; un manual instruye. Su aparición indica que empezaba a considerarse que el trabajo policial era un oficio que se enseña, idea que desembocará en la creación de una escuela.

La ciudad que cambia las reglas

El país entró en una era de incipiente industrialización. Las exportaciones de caña, algodón y caucho, y el desarrollo del rubro textil entre otros, convocaron hacia la ciudad gran cantidad de mano de obra procedente del campo, lo que provocó un crecimiento urbano no solo espacial sino demográfico.

Las estructuras sociales no estaban dispuestas al cambio: «trabajadores sí, ciudadanos no» resumía la visión paternal con que las elites del poder conducían el país. La política se había partidarizado, aunque seguía siendo feudo de los notables de una pequeña elite. Mientras tanto, en Occidente se generaban grandes ideologías y, a su amparo, las movilizaciones sociales empezaron a exigir al Estado una capacidad de respuesta que fue rompiendo con viejas taras heredadas.

Aparecieron los partidos de masas, la población urbana se proletarizó y la inquietud en la ciudad y en el campo anunció novedades. Las movilizaciones campesinas en demanda de tierras amenazaron el poder tradicional de los notables de provincia, y las movilizaciones obreras se manifestaron en las calles como una nueva fuerza política.

Un problema nuevo

Ese es el cambio decisivo. Hasta entonces el trabajo policial consistía sobre todo en perseguir delito común y bandolerismo. A partir de este momento pasa a enfrentarse de manera cotidiana con el conflicto social organizado: huelgas, manifestaciones, ocupaciones de tierras. Es una tarea distinta, políticamente cargada, para la que ni el clientelismo ni la organización castrense preparaban.

El siglo XX traía nuevos retos para las instituciones policiales, y la respuesta llegaría en 1919 en forma de reforma estructural: es el asunto del capítulo siguiente.