Serie · Historia de la función policial en el Perú
La policía bajo los Habsburgo
La gobernación española descansaba sobre ciudades regentadas por sus respectivos cabildos, y ese esquema no tenía cabida en el nuevo orden de dominación que la metrópoli de la dinastía Habsburgo iba asumiendo desde el Viejo Mundo. Hacía falta estructurar un Estado virreinal que centralizara la administración de los nuevos territorios, dotado de poder suficiente para asumir esas metas. Ello implicó tomar de manera directa la administración de justicia y la función policial, subordinando a los cabildos.
El aparato judicial como aparato de orden
Las reales audiencias, a través de los alcaldes de corte y los alcaldes del crimen, pasaron a mantener el orden y la seguridad en las ciudades coloniales. Las disposiciones de la audiencia y las del virrey —ordenanzas de carácter policial— eran acatadas también por los alguaciles mayores y sus ayudantes.
Es un rasgo que conviene retener porque tendrá larga vida: durante siglos, en el mundo hispano, quien juzga y quien vigila son la misma autoridad. La separación entre función judicial y función policial es una conquista tardía, y su ausencia explica buena parte de la confusión de competencias que la república heredará.
Corregidores e intendentes
El andamiaje policial colonial incorporó nuevos funcionarios. El corregidor y justicia mayor —los había tanto para españoles como para indígenas— fue autoridad colonial durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, y sería sustituido a fines del XVIII por el intendente. Con estas autoridades se pretendía descentralizar el ejercicio de la función policial, o más exactamente extenderla desde la capital a un territorio inmenso.
Debe anotarse que ese esfuerzo por controlar y ordenar la vida social de la colonia significó generar una situación análoga en la población indígena. El virrey Francisco de Toledo la reorganizó conforme a patrones occidentales de urbanidad, dando origen a numerosas villas de indios con su respectivo alcalde y corregidor. La medida era idónea tanto para efectos administrativos como evangelizadores: agrupar población dispersa facilita a la vez cobrar tributo, reclutar trabajo, catequizar y vigilar.
El campo: la Santa Hermandad
El campo y sus caminos quedaron bajo vigilancia de la Santa Hermandad, vieja institución castellana traída a estos territorios como suerte de policía rural, para hacer frente al bandolerismo y al cimarronaje.
El cimarronaje empeoró con el tiempo, al ritmo del deterioro de las condiciones de vida de los esclavos. Sus fugas hacia el monte dieron lugar a poblados que servían de refugio, desde donde se incursionaba contra viajeros o haciendas cercanas. Las bandas de bandoleros se constituían también sobre esclavos fugados, aunque admitían mestizos.
Este fue el panorama policial durante el dilatado periodo virreinal, entre 1544 y 1820: una lucha constante contra las manifestaciones delictivas de la marginalidad urbana y rural, expresiones de un mundo bastante alejado de la imagen romántica y cortesana que se tejió alrededor de estos tiempos, y en el que la violencia hallaba espacio en la vida cotidiana de los sectores populares.
La Inquisición como policía moral
El orden colonial no se limitaba a lo que hoy identificaríamos como policial. Exigía observancia estricta de la moral y las buenas costumbres, refrendada por un fuerte referente religioso, y de ese ámbito se encargaba la Inquisición, cuya actuación adquirió rasgos claramente policiales.
Contaba con un servicio secreto de «familiares del Santo Oficio» que informaba a los alguaciles de la institución sobre presuntos desviantes. La lista de categorías perseguidas describe con exactitud qué se consideraba amenaza al orden: herejes, apóstatas, blasfemos, cismáticos, adivinos y hechiceros, brujos y astrólogos, malos religiosos, bígamos, quienes desacataban disposiciones eclesiásticas, excomulgados, judaizantes, mahometanos y alumbrados.
El orden colonial solo era posible con buenos vasallos que fueran además buenos cristianos. De ahí que en las postrimerías del virreinato se diera caza a los «afrancesados» o «ilustrados», portadores de ideas liberales consideradas peligrosas justamente porque cuestionaban ese orden.
Ese tránsito —de la persecución de la herejía a la persecución de la idea política— marca el momento en que la vigilancia moral se convierte en vigilancia política, y anticipa las policías secretas que aparecerán a ambos lados de la independencia. El edificio donde funcionó el tribunal se conserva hoy como museo y figura en la guía de museos de Lima.
Con el cambio de dinastía llegará un criterio administrativo distinto, más racionalizador y más ambicioso en materia de vigilancia urbana: es el asunto del capítulo siguiente. Sobre el tribunal y su funcionamiento puede consultarse la entrada de Britannica.