Los primeros custodios (1825-1845)

Las guerras de independencia trajeron un desorden que volvió a la población proclive a la militarización y reforzó una tradición autoritaria que venía incubándose desde la época colonial. No sorprende, por tanto, el sesgo castrense que adquirieron las primeras fuerzas policiales republicanas: en el imaginario de los libertadores pesaba la imagen de los milicianos franceses defendiendo la Revolución frente a la reacción monárquica europea, y se buscaba comprometer a los nuevos ciudadanos en la defensa del nuevo orden.

La Guardia Nacional de 1825

Por decreto del 7 de enero de 1825, Bolívar convirtió la milicia en Guardia Nacional, con el fin de conservar el orden público en cada región y pueblo y constituyendo a la vez la reserva del ejército.

La doble finalidad —orden interno y reserva militar— es exactamente la ambigüedad que la Constitución de 1823 había dejado abierta, ahora convertida en organización concreta. Se crean además compañías y piquetes de veteranos, establecidos en ciudades y campos, incluso con fuerzas policiales a caballo.

Bandoleros y montoneros

Hacía falta enfrentar el mal recurrente del bandolerismo. Las guerras de independencia y las posteriores luchas por el poder entre caudillos habían convertido a los bandoleros en montoneros: fuerzas irregulares que servían de avanzada y vanguardia, habituadas a las correrías, y que resultaron decisivas tanto para la causa patriota como para la carrera política de muchos caudillos. En los breves periodos de paz volvían a sus andanzas, con la consiguiente zozobra de la población rural e incluso citadina.

Tres testimonios ilustran el momento mejor que cualquier estadística, y conviene señalar que son testimonios literarios y artísticos, no registros administrativos:

• La pluma romántica de Ricardo Palma cuenta cómo el bandolero León Escobar tomó la ciudad, desprovista de custodios y ante la impotencia de las autoridades.
• Pancho Fierro dedicó varias acuarelas costumbristas a estos singulares personajes, dejando el registro visual más detallado que existe de los tipos urbanos limeños de la época.
• El famoso bandolero José Rayo, militando a favor del bando del mariscal Gamarra, fue promovido a jefe de la Partida de Policía de Campo; conocedor por experiencia propia de la vida y costumbres de los bandoleros, resultó muy eficiente en dar cuenta de sus antiguos colegas.

La anécdota de Rayo describe un método de gobierno más que una curiosidad: cuando el Estado carece de fuerza propia, incorpora a quienes la tienen. Las obras de Palma y Fierro se conservan en instituciones limeñas recogidas en la guía de museos.

El Tribunal de la Acordada

Tiempos difíciles llevaron a instaurar el draconiano Tribunal de la Acordada, que por lo general penaba con la muerte a los delincuentes. Nacido al calor de los violentos días de la guerra de independencia, reapareció al calor de las violentas luchas caudillescas.

La pena capital fue receta común para delincuentes y criminales, para enemigos políticos, para malos servidores públicos y para ciudadanos remisos a defender al gobierno. Esa enumeración —que iguala al asaltante de caminos con el funcionario deshonesto y con el ciudadano que no acude cuando se le llama— revela hasta qué punto la distinción entre delito común y desobediencia política era inexistente.

Reglamentos que se suceden

Al término de la influencia bolivariana, el 20 de enero de 1827 se dictó un «Reglamento Provisional de Policía», manuscrito y rubricado por el propio presidente del Consejo de Gobierno, mariscal Andrés de Santa Cruz. Años después, ya encumbrado en la presidencia de la Confederación Perú-Boliviana, Santa Cruz promulgó el Reglamento de Policía de 1834, que volvió a establecer a los serenos, adecuadamente armados y uniformados. Estas fuerzas, dedicadas al orden y la seguridad interna, quedaban a órdenes del intendente de policía de la prefectura de Lima y de los subprefectos en provincias.

Entramos así en un periodo en que el desgobierno derivado de la inestabilidad caudillista impide al Estado tener presencia efectiva. La militarización trajo sus consecuencias: el ejército quedó como la única institución estatal capaz de liderar, y su presencia se hacía necesaria más aún cuando la joven república debía enfrentar conflictos externos además de revueltas internas. No resulta extraño que los servicios policiales fueran reforzados por cuerpos del ejército destinados a ese fin, como los dragones de policía y los cazadores de policía.

Resultaba paradójico que, siendo lo legal algo con tan poca efectividad en la realidad de la joven república, se hicieran tantos esfuerzos por reglamentar el servicio de policía. Y aunque esos esfuerzos pretendían alcance nacional, en la práctica cada ciudad determinaba su propio reglamento: la fragmentación del poder mantuvo esa situación durante mucho tiempo.

El reglamento de Huancayo

Caída la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Agustín Gamarra promulgó en Huancayo, en 1839, un nuevo Reglamento de Policía que mantenía al intendente de policía a la cabeza de un reorganizado Cuerpo de Serenos y Vigilantes. Se establecieron las categorías de comandante, tenientes y cabos, serenos y vigilantes; se dividió Lima en diez distritos y se pormenorizaron las funciones de su competencia.

Es el texto más elaborado del periodo y, con él, el punto en que la organización policial republicana empieza a parecerse a algo estable. Lo que faltaba —dinero— llegaría poco después con el guano, y con él el primer intento serio de construir cuerpos permanentes: es el asunto del capítulo siguiente.