Serie · Historia de la función policial en el Perú
Los primeros cuerpos policiales (1845-1879)
La prosperidad temporal que trajo la explotación del guano repercutió en una estabilidad política relativa que fortaleció al Estado. En esas condiciones, la segunda mitad del siglo XIX concentra los mejores esfuerzos por dotar al país de una policía más profesionalizada, a la altura de sus homólogas europeas o norteamericanas. Pese a ello no se perdió el sesgo castrense, y esa persistencia marcará todo lo que sigue.
Castilla y la reorganización de 1845
En 1845 el presidente mariscal Ramón Castilla dispuso una reorganización de la Guardia Nacional, distribuyéndola en todos los departamentos, y dictó nuevas normas encaminadas a delimitar las funciones de las autoridades políticas y las de la inspección general de dicha fuerza.
Delimitar competencias entre autoridad política y mando de la fuerza es, en un país recién salido del caudillismo, una reforma más profunda de lo que parece: intenta impedir que cada prefecto disponga de tropa propia.
La gendarmería de 1851
El gobierno del general José Rufino Echenique (1851-1854) creó la gendarmería como fuerza policial armada, de infantería y caballería, a cargo de oficiales del ejército que pasaron a formar los cuadros de estas unidades, y en la que fueron refundidos los cuerpos de policía existentes.
Es el momento fundacional de un modelo que durará más de un siglo: policía organizada militarmente y mandada por oficiales del ejército. Las necesidades del servicio y el conflicto con el Ecuador, que movilizó a esta fuerza en 1860, hicieron perentoria la creación de una compañía de ciento veinte celadores para cubrir lo que la gendarmería, ocupada en la frontera, ya no podía atender. Ese detalle expone el defecto estructural del modelo: una policía militarizada se marcha cuando hay guerra, y la ciudad se queda sin vigilancia.
La vigilancia de los caminos
La seguridad de los caminos era una necesidad permanente. El 2 de julio de 1863 la Intendencia de Policía de Lima hizo públicas sus instrucciones a las fuerzas rurales de la capital, disponiendo que después de la primera ronda las partidas se situaran en los cruceros de caminos donde regularmente acudían pasajeros y existía riesgo de asalto: la del valle de Ate en la Cruz de Yerbateros; la de Miraflores en Balconcillo; la de La Magdalena en los Tres Puentes; la de La Legua en el Tambo; la de Carabayllo en Repartición; la de Lurigancho en Flores; y la de Lurín en el Puente de San Pedro.
Este documento es uno de los pocos que permite ver la práctica y no solo la norma. Enumera puntos concretos del territorio, ordena patrullaje fijo por análisis de riesgo y describe, de paso, la geografía de un valle limeño que hoy está enteramente urbanizado. Es, en términos actuales, un despliegue por puntos calientes.
Obras públicas, incendios y nuevas tareas
El desarrollo urbano propiciado por la prosperidad guanera generó construcción de obras públicas, y las fuerzas policiales debieron abocarse a protegerlas —sobre todo las obras ferrocarrileras, que convocaban ejércitos de obreros contratados no siempre avenidos a una convivencia pacífica—.
La ciudad se renovaba, y su seguridad no pasaba solo por la delincuencia: los incendios eran una amenaza seria. Desde 1839 se exigía la participación de la policía en caso de incendio; en 1854 se dispuso que la intendencia de policía formara un cuerpo de bomberos dentro de la fuerza policial, de modo que hacia 1860 existían celadores bomberos, sin que ello eximiera de esa función al intendente ni a los gendarmes a su cargo.
La acumulación de encargos —delito, caminos, obras, incendios— sobre un cuerpo pequeño y mal pagado es una constante del periodo, y explica buena parte de su ineficacia.
El Partido Civil y el reglamento de 1873
Los beneficios del guano desembocaron en el surgimiento de una dirigencia que ya no salía de los cuarteles sino del empresariado próspero, dispuesta a asumir el poder con un proyecto de país acorde al ideal de progreso material de la segunda industrialización. Apareció el primer partido político, el Partido Civil, y con él un programa en el que la seguridad de la ciudadanía y el orden de la república figuraban en la agenda.
En el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle (1872-1876), primer presidente civil, se decretó el Reglamento de Policía del 31 de diciembre de 1873, que reorganizó los cuerpos existentes. Sus capítulos principales trataban de la «Organización del Vecindario», de los «Comisarios Urbanos y Rurales» y de la «Fuerza Regular de Policía», dividida esta en la Guardia Civil —institución novedosa a la que se pretendía dar carácter más civil que militar— y la ya establecida gendarmería.
Ese es el punto más alto del periodo: por primera vez se intenta explícitamente separar una policía civil de una fuerza militarizada. Que el intento partiera del primer gobierno civil de la república no es casualidad.
El 11 de diciembre de 1877 se expidió además, para la policía de Lima, un «Reglamento de Moral Pública, Correccional y Rural de la Provincia» destinado a «terminar con la delincuencia» —una ambición cuya formulación dice bastante sobre la confianza de la época en la capacidad reguladora del Estado—.
Lo que interrumpió el proceso
Dos años después de ese reglamento estalló la Guerra del Pacífico. El proceso de profesionalización quedó suspendido, los cuerpos policiales fueron integrados al ejército y la infraestructura estatal que sostenía la reforma se derrumbó con la derrota. Ese es el asunto del capítulo siguiente. Sobre el ciclo económico que financió esta etapa puede consultarse el Banco Central de Reserva del Perú.